Los servicios públicos están sufriendo en los últimos años un duro ataque por parte del capital, cuyo objetivo estratégico es la privatización de todos ellos. La crisis estructural del capitalismo ha agudizado las ansias privatizadores para reducir gasto público y abrir nuevos ámbitos de mercado, al tiempo que ha facilitado la coartada ideológica de la necesidad de ajuste y austeridad ante una clase obrera poco ideologizada y organizada.
En el sector educativo, la crisis ha permitido a los defensores del capitalismo recuperar viejas aspiraciones de privatización ya desarrolladas en el modelo educativo estadounidense o en el británico desde las reformas de los años 80. El discurso ideológico que sustenta ese proyecto privatizador tiene dos ideas centrales que se complementan: la del fracaso del actual modelo educativo y la necesidad de ajustes presupuestarios.
El fracaso del actual sistema educativo español es una evidencia, con un porcentaje de abandono escolar antes de obtener la titulación mínima (graduado de la ESO) que ronda el 30% en el conjunto del estado español y con unas comparativas que muestran un bajo nivel medio del alumnado español frente al de otros países europeos en pruebas como el informe PISA.
Con unas tasas tan altas y tan continuadas de fracaso escolar se demuestra que no se trata sólo de un fracaso del sistema educativo, sino de un fracaso del sistema social en su conjunto. Estamos en una sociedad que cuenta con recursos materiales y humanos más que suficientes para asegurar una educación de calidad a sus jóvenes, y no sólo no lo logra sino que la calidad de la educación se va deteriorando paulatinamente. Las causas no hay que buscarlas únicamente en el interior del sistema educativo, sino que son fundamentalmente causas vinculadas a las relaciones sociales imperantes en esta sociedad y a la ideología que las sustenta.
Por supuesto, la ideología burguesa no puede aceptar esta conclusión, a pesar de que los estudios más serios sobre resultados académicos del informe PISA demuestren que el principal factor que se relaciona con el éxito escolar es el nivel socio-educativo de las familias y del entorno donde viven los estudiantes. Existe menos diferencia entre los estudiantes españoles de ambiente social y educativo alto con los estudiantes finlandeses (que están a la cabeza de Europa), que entre esos mismos estudiantes y los españoles de ambiente socio-educativo bajo.
El fracaso de la LOGSE, con su pedagogía pretendidamente igualitarista, proviene en gran medida de su idealismo: pretendían igualar la sociedad a través de cambios en el sistema
educativo, en lugar de igualar el sistema educativo por medio de transformaciones en el sistema social, un sistema social que durante las décadas de aplicación de la LOGSE ha desarrollado un capitalismo especulativo, de paro estructural y precarización del trabajo, de un sistema productivo que no da oportunidades laborales a muchos titulados, de desindustrialización y primacía de la construcción, el comercio y la hostelería en la economía, de desestructuración del modelo familiar, de la cultura del pelotazo, del consumismo, de la cultura entendida como un espectáculo y negocio, y, en definitiva, de individualismo y el dinero como valores supremos. El éxito del modelo educativo cubano demuestra que el camino acertado era el contrario.
Como decíamos, incapaces de admitir que el fracaso educativo es ante todo un fracaso social, la ideología burguesa trata de plantear el problema escolar como un problema esencialmente de mala gestión de los recursos disponibles, es decir, desde una visión empresarial. Las causas principales de los malos resultados académicos provendrían por tanto del sistema público, con sus vicios, según la ideología capitalista, de falta de competencia e iniciativa individual, no profesionalización de la gestión, exceso de democracia interna, falta de estímulos a unos funcionarios acomodados … en definitiva, muchos derechos y poca productividad. La solución para los ideólogos capitalistas pasa por la privatización y la aplicación de una gestión empresarial.
Esa privatización de la educación se está desarrollando a través de dos estrategias políticas complementarias. La primera consiste en favorecer directamente a los centros privados por medio de conciertos educativos. Aunque a nivel mediático parece que sea únicamente el PP quien apuesta por esta vía, la LOE, impulsada por el PSOE, ya equiparó a los centros públicos y los concertados, bajo la etiqueta de “centros sostenidos con fondos públicos”, la plasmación legal de una práctica política de ambos partidos (y otros como CiU o PNV). En el caso español se suma otro factor a esta política privatizadora que se comparte con los demás países capitalistas, el protagonismo de la Iglesia católica en el sector de la enseñanza privada, sumando al interés privado la ideologización más conservadora del alumnado.
La Comunidad de Madrid se ha convertido en la punta de lanza de esta ola privatizadora, otorgando numerosos beneficios y privilegios a los centros privados: cesión de suelo público para construir nuevos centros, prioridad para concertar nuevos niveles en vez de hacerlo en centros públicos, no apertura de nuevos centros públicos en zonas donde existen centros privados para no hacerles competencia y, la última ocurrencia, deducciones fiscales de 900 euros para las familias que matriculan a sus hijos en centros privados (estas deducciones supondrán un coste de 90 millones de euros, mientras que los recortes en la pública, con aumento de horas lectivas y despido de miles de profesores interinos, son de 80 millones). En definitiva, no es sólo un recorte de la educación pública sino un trasvase de dinero público a empresas privadas.
La segunda forma de privatización, más sutil, es la privatización progresiva de la gestión de los centros públicos, también con normativa aprobada por el PSOE en su mayor parte. Se trata en profesionalizar la gestión de colegios e institutos, dándole un perfil gerencial a la dirección, con competencia incluso para decidir contrataciones y buscar recursos económicos. A la par, se jerarquiza al profesorado por medio de una carrera docente en la que los equipos directivos y la inspección valoran los “méritos” y “dedicación” del profesorado, situándolos en diferentes niveles que conllevarán diferencias salariales, puntos para solicitar traslados y otras ventajas, todo bajo el manido discurso del acomodamiento y baja productividad del profesorado. Desde esta perspectiva, lo que pretenden es una competencia entre centros (públicos y privados, públicos entre sí), con calificaciones públicas de los centros según los resultados académicos de los alumnos. En suma, la titularidad de los centros sería pública pero su gestión funcionaría como la de una empresa privada.
Es la misma filosofía que inspira la reforma universitaria, tanto el Plan Bolonia como la Estrategia Universidad 2015, que se basa en la reducción de la democracia interna, la gestión empresarial y la búsqueda de fondos a través de convenios con entidades privadas.
A nivel pedagógico la nueva forma de ideología capitalista se basa en el concepto de competencias básicas. Muy resumidamente, se trataría de que los estudiantes desarrollen determinadas competencias o habilidades, dejando la adquisición de contenidos en un segundo plano. Aunque ciertos pedagogos progresistas lanzan loas a esta teoría pedagógica como una superación de una educación memorística y anacrónica (sería una “educación para la vida” según los más optimistas), lo cierto es que el concepto de competencias básicas fue desarrollado desde finales de los 80 y la década de los 90 por círculos económicos y empresariales, incluyendo la OCDE. Su objetivo es cubrir la nueva necesidad empresarial de tener trabajadores capaces de adaptarse a diferentes puestos y funciones, a cambios organizativos y tecnológicos, con capacidad para aprender durante toda la vida para adaptarse a ese mundo empresarial en continua transformación y bajo continua presión.
Bajo el eufemismo de “una educación abierta a la sociedad” (frente a una educación academicista cerrada sobre sí misma) se esconde la supeditación de la cultura y del sistema educativo a las necesidades del capital. En gran medida se está enterrando toda una concepción histórica de la cultura, que parte del Renacimiento y el Clasicismo, en la que la educación tenía un valor intrínseco como factor de progreso y búsqueda de la felicidad humana, una concepción que la burguesía se apropió desde la Ilustración y el liberalismo. Que esa concepción haya derivado en muchos casos hacia una cultura burguesa y academicista no debe engañarnos sobre el carácter de clase burgués de las nuevas pedagogías.
A otro nivel, el programa electoral del PP va eliminando ese barniz igualitarista que impulsó la LOGSE, anunciando la eliminación de un curso de la ESO para recuperar un bachillerato de 3 años y adelantar el comienzo de la FP a los 15 años. Si la pedagogía socialdemócrata ha fracasado en igualar el nivel educativo sin modificar el contexto social, la pedagogía conservadora desplaza a segundo plano ese igualitarismo y centra su discurso en el esfuerzo y la búsqueda de la excelencia, por supuesto también sin considerar las diferencias de clase de los estudiantes. Otras cuestiones en las que se centra el programa del PP son el españolismo (contra los modelos lingüísticos vasco y catalán) y el conservadurismo (contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía). Y, a nivel del profesorado, la ideología conservadora se centra en recuperar la autoridad (represiva se entiende), todo ello sin intervenir sobre unas relaciones sociales y unos valores en los que la cultura tiene un papel cada vez más secundario cuando no marginal.
Por todo ello, durante los próximos años la educación, como los servicios públicos en general, va a ser otro importante campo de batalla más de la lucha de clases, con diferentes frentes: el de los derechos laborales de los docentes y la democracia interna de los centros, el de la defensa de la calidad de la educación pública contra los recortes y la privatización, el de la lucha ideológica sobre el modelo pedagógico, todo ello vinculado a la lucha global de la clase obrera.
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